Si bien a principios de semana las comunidades de Jorquera, Coirón y Punta Nueva cancelaron sus bloqueos tras alcanzar acuerdos de indemnización con Los Pelambres a través de un proceso mediado por el gobierno, las comunidades vecinas de Tranquilla, Batuco y Cuncumén continúan en un punto muerto.
De acuerdo a los medios de comunicación localeslos líderes comunitarios están organizando una reunión pública en la zona donde se lleva a cabo el bloqueo, ya que los intentos de mediación tanto del delegado presidencial Rubén Quezada como del gobernador regional Krist Naranjo no prosperaron.
La prensa local también informa que la situación preocupa a trabajadores y subcontratistas, ya que la mina emplea a cerca de 6.000 trabajadores directos e indirectos y es responsable del 30% del PIB de la Región de Coquimbo.
A mediados de junio, Los Pelambres dijo que los tranques impidieron el tránsito normal hacia y desde los sitios de operación de Chacay, lo que provocó serias interrupciones en las labores de limpieza y reparación del ducto de concentrado, así como en el movimiento de trabajadores y suministros. Esta situación, a su vez, obligó a más de 50 empresas y 1.000 trabajadores a desmovilizarse.
Todos estos eventos combinados llevaron a Antofagasta a anunciar que su producción de cobre de todo el año va a estar en el extremo inferior de su guía anterior de 660-690,000 toneladas.
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