La salmonicultora de Punta Arenas, Chile, Nova Austral, puede verse obligada a cerrar sus operaciones en todo el país si las sanciones impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), según documentos presentados por el abogado de la empresa, Julio Recordón, ante el Tercer Tribunal Ambiental del país.
En julio de 2023, SMA acusó al agricultor de sobreproducción entre 2015 y 2017 en tres centros de engorda del Parque Nacional Alberto de Agostini. En respuesta, solicitó revocar la licencia ambiental de esos centros y aplicar una multa por la alteración artificial del fondo marino en otro centro. Si el Tercer Tribunal Ambiental de Chile permite la sanción, sería la primera vez que se revoca un permiso ambiental desde la creación de la SMA.
La empresa afirma que las sanciones la condenarían “muy posiblemente al cierre de sus operaciones en Chile, ya que la imposibilidad de operar tres de sus centros de engorde de salmónidos necesariamente conducirá a una situación financiera adversa insostenible”, el recurso judicial interpuesto por afirmó Nova Austral.
Un informe publicado recientemente por la consultora Indexsalmon encontró que Nova Austral tiene una producción teórica máxima que podría superar las 65.000 toneladas métricas (TM) entre sus 28 concesiones de cultivo. De acuerdo con los documentos técnicos presentados por la empresa para los tres centros en cuestión, se podría perder una producción máxima de 12.000 TM y un área productiva de 19,68 hectáreas, el equivalente al 10,7 por ciento de su propiedad en concesiones acuícolas, el 20 por ciento de su superficie productiva capacidad, y el 14,6 por ciento de su área concesionada.
La compañía ha estado atravesando un período financiero difícil, según el documento legal. Según se informa, sufrió pérdidas durante la primera mitad del año por valor de 35,7 millones de dólares (35,2 millones de euros), mientras que la empresa registró pérdidas de 54 millones de dólares (53,2 millones de euros) durante todo 2021 y pérdidas de 81 dólares. millones (79,8 millones de euros) en 2020. Mientras que la compañía tenía un patrimonio neto de 3,7 millones de dólares (3,6 millones de euros) a cierre de 2019, registró una deuda neta de 76,9 millones de dólares (75,7 millones de euros) en 2020, que se extendió a USD 130 millones (EUR 128 millones) en 2021.
“Dado que la SMA ha hecho caso omiso de la delicada y adversa situación financiera de Nova Austral, la sanción de revocatoria impuesta desconoce por completo los esfuerzos y medidas concretas que ha adoptado la empresa para orientar su conducta hacia el pleno cumplimiento de la normatividad ambiental”. Recordón dijo en la presentación. “En este sentido, la SMA ha pasado por alto que la sanción de revocatoria constituye sin duda la ‘ultima ratio’ de la potestad sancionadora ambiental, dejando a mi representado en una situación irrecuperable, en circunstancias que, como se ha analizado, la infracción imputada no no amerita la solicitud de revocación de la licencia ambiental… [which] hace imposible su continuidad operativa”.
Nova Austral también afirmó que no hubo suficiente daño ambiental causado por SMA para justificar la aplicación de sus sanciones más severas, y cuestionó la metodología de SMA. Pero el director interino de SMA, Emanuel Ibarra, dijo que la decisión de la agencia estaba justificada y era necesaria.
“La SMA se vio obligada a tomar una decisión histórica, dando una señal clara. Estos niveles de sobreproducción, que causan daños ambientales, no se pueden generar en áreas protegidas como el Parque Nacional Alberto de Agostini”, dijo anteriormente. “Estamos ante un delincuente recalcitrante, que ya tiene varios procesos graves en la SMA. Con ello esperamos que el propietario pueda mejorar su comportamiento ambiental en todos los centros que aún tiene”.
Ibarra dijo que la SMA consideró la magnitud del daño ambiental producido en el área protegida; la intencionalidad de la empresa – considerando que la siembra, el engorde y la cosecha son acciones planificadas bajo control total de la empresa; la continuidad de las infracciones de la empresa, con varios procedimientos sancionadores previos iniciados en su contra; y el beneficio económico obtenido como consecuencia de las infracciones en la toma de su decisión.
En respuesta, Nova Austral comentó en el expediente judicial que desde el momento en que supuestamente se produjo la sobreproducción no hubo incumplimientos posteriores que justifiquen calificarla como infractora recalcitrante, como lo ha hecho la SMA.
“Las sanciones impuestas por la SMA son injustificadas y desproporcionadas, teniendo en cuenta los antecedentes del proceso”, dijo anteriormente la empresa. «También son incompatibles con las sanciones impuestas en otros casos comparables».
Nova Austral, propiedad de los fondos de capital Altor Fund III y Bain Capital, ha estado en problemas regulatorios desde junio de 2019, cuando el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile (Sernapesca) comenzó a investigar presunto subregistro de mortalidad. Sernapesca poco después presentó tres denuncias formales contra la empresa por adulteración de información. En mayo de 2023, Nova Austral fue abofeteada con una multa de CLP 1.320 millones (USD 1,52 millones, EUR 1,47 millones) impuesta por la SMA por cinco infracciones presuntamente cometidas en 2017 en su centro de engorde de salmón Aracena-19. Adicionalmente, en junio de 2020, el Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) presentó una demanda penal contra varios de los ex ejecutivos de la empresa, lo que obligó a investigar su responsabilidad en el fraude.
Foto cortesía de Nova Austral
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