admisiones escolares y universitarias 2023 en Chile

En cuanto a los resultados del PAES (ingreso universitario) y el caótico proceso de admisión de los diferentes establecimientos a lo largo del país, debemos enfocar esta realidad desde la perspectiva del derecho a la educación, previendo un descuido crónico en la educación de nuestros hijos. y adolescentes.

Durante los últimos 50 años, la dictadura y los posteriores gobiernos han gobernado, profundizando un progresivo deterioro de la educación pública, con insuficiente inyección de recursos, tanto para infraestructura como para herramientas y condiciones dignas para la comunidad educativa, lo que ha desencadenado un éxodo a la educación privada y educación subvencionada (esta última es un negocio de la clase política); dicho vaciamiento, ha llevado al cierre de más de 800 establecimientos sólo en los últimos 20 años, mientras que entre 1992 y 2012 se instalaron 2.942 escuelas particulares subvencionadas, profundizando el modelo mercantil que hoy rige en nuestro país.

Los que se ven afectados son los sectores más empobrecidos, que al no tener los recursos para optar por una escuela en mejores condiciones, deben conformarse con una escuela precaria como premio de consolación, y aceptando la lógica mercantilista, en la que dependiendo de lo que se tenga en tu bolsillo, también definirá cómo será tu educación. Y de hecho, asumir que ese es el supuesto derecho irrenunciable a la educación en Chile.

Los proyectos de la derecha, de impulsar centros educativos que establezcan filtros de entrada, que permitan tener juntos a los mejores estudiantes, excluyendo a los que se encuentran en situaciones de necesidad por diversas razones de base, expresa claramente la línea mental de esta élite. El diputado Marcos Ilabaca fue enfático en su momento: “Cuando estableces una educación de excelencia para niños de excelencia no estás teniendo ningún mérito, es diferente cuando tienes niños de todos los niveles de desempeño y los llevas a todos juntos a la excelencia, esa es la mérito. Es por eso que el enfoque debe estar en mejorar la calidad de la educación para todos por igual”.

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De los 100 colegios con mayor puntaje PAES a nivel nacional, 96 son colegios privados, tres son municipales y uno es subvencionado. En general, las escuelas públicas obtuvieron en promedio 171 puntos más que las escuelas municipales en esta primera edición del PAES, mientras que la brecha entre hombres y mujeres en la prueba específica de matemáticas creció de 0,23 a 0,32, distancia que fue calificada de «pequeña» por el Ministerio de Educación.

Respecto a cifras como las que emanan de la última prueba PISA (Programme for International Student Assessment), que muestran que solo el 50% de los niños entienden lo que leen, agregando que el 60% de los niños y niñas salen de la escuela primaria sin saber leer.

No es casualidad que desde dentro del proceso de admisión (SAE), se piense que la meritocracia y la desigualdad tienen que ser inevitablemente desplazadas, para lograr un proceso más justo de incorporación de los estudiantes a las diferentes instituciones educativas.
Sin embargo, el actual monopolio de matrículas en la educación privada subvencionada, a pesar de sus malos resultados, en detrimento de las escuelas públicas, que con sus bajas tasas de alumnos interesados ​​en ellas, refuerza en la práctica un progresivo abandono y estigmatización (incluidas las escuelas emblemáticas, que formó a la élite política del país desde la independencia); lo que finalmente ha provocado el cierre de cientos de escuelas públicas en los últimos años.

La postal habitual de los últimos años es ver a madres, padres y tutores acampando fuera de los colegios subvencionados que priorizan para matricular a sus hijos en ellos. Tales hechos debemos interpretarlos como la ensoñación que induce el ingreso a una escuela que tiene resultados basados ​​en números y pruebas estandarizadas, indicadores cuestionables como índices educativos relevantes a nivel global.
Por otra parte, la famosa rifa no es más que un filtro tras el proceso formal de matrícula para aquellos que no son alumnos “problema”, dejando a los alumnos en estas situaciones en establecimientos muchas veces alejados de sus hogares. Según cifras de la Superintendencia de Educación, en los últimos 12 meses las escuelas han expulsado a 745 alumnos, entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrícula, que se dan al finalizar el año escolar. En otras palabras, en promedio, las escuelas han sacado a seis estudiantes por semana de sus aulas.
Entendemos la educación como la fuente más importante y tradicional de socialización de las personas porque contribuye a la formación de sus orientaciones ideológicas, culturales, morales, de vida y de trabajo.

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Solemos hablar de educación en al menos dos sentidos diferentes: uno se refiere a la transmisión de datos y conocimientos del educador al educando y en otro sentido la educación se concibe como una preparación del educando para el mundo en el que vive. Este “mundo” se refiere tanto a las cosas consideradas físicamente como a los intangibles como los valores y las relaciones humanas.
En este sentido, la educación pretende posibilitar diferentes formas de comprensión, puntos de vista, perspectivas para comprender tanto las realidades de los objetos materiales y culturales, como las de su interioridad. Sin embargo, la educación formal, sus contenidos, métodos de enseñanza, líneas de investigación que se impulsan, reflejan el papel que hoy juegan quienes ejercen el poder, la educación como medio para preservar el sistema sociocultural establecido o para introducir transformaciones de acuerdo al paradigma que ejerce el poder actual.
El problema de la educación es sin duda uno de los más apremiantes en el mundo actual, ya que generalmente en todas partes el poder establecido es cómplice del Gran Capital, o de los intereses corporativos de quienes se han apropiado del control del Estado, y buscan, a través de la educación, preservar las estructuras educativas que sustentan las estructuras de opresión vigentes. La educación, hoy más que nunca, significa adquirir valores y habilidades para desenvolverse en el mundo con coherencia y solidaridad, y es fundamentalmente posibilitar a las nuevas generaciones una mirada no ingenua de la realidad, para poder transformar y humanizar cada vez más el futuro amenazado por la crisis provocada por los poderosos de hoy.
La educación en Chile se encuentra en la misma línea crítica que se observa a nivel mundial. Para miles de millones de personas hoy en día, es muy difícil pensar en la educación cuando sus hijos apenas sobreviven. Según la UNESCO, la educación ha sido atacada directamente durante la última década. En 2018, antes de la pandemia, la UNESCO estimó que 258 millones (uno de cada seis niños en edad escolar) no asistía a la escuela. A nivel mundial, hay al menos 771 millones de jóvenes y adultos que no saben leer ni escribir, dos tercios de los cuales son mujeres, así como 250 millones de niños que no están adquiriendo las habilidades básicas de alfabetización. Antes de la pandemia de COVID-19, que provocó la peor interrupción de la educación en un siglo, 617 millones de niños, niñas y adolescentes no habían alcanzado los niveles mínimos de alfabetización.
Los adolescentes no habían alcanzado los niveles mínimos de competencia lectora. El 47% de los indígenas que trabajan fuera de sus comunidades no tienen educación formal, frente al 17% que no la tienen, y la brecha se amplía si se compara la situación de las mujeres.
Los resultados son alarmantes cuando los docentes y profesionales vinculados a la educación pública tienen que hacer malabarismos con los escasos recursos que brindan para subsistir como escuela, debiendo muchas veces realizar actividades lucrativas o de venta interna para la labor educativa.
Como ciudadanos, observamos esta crisis y abogamos por su superación, consagrando la educación como un derecho fundamental, en el que el Estado realmente se haga cargo y participe en la promoción y mejora de la educación integral.

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Escritura colaborativa de Rubén Marcos Velásquez; Sandra Arriola Oporto; Jorge Ortíz Guerra; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza.
Comisión de Opinión Política

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