Parte de la dinámica de la política municipal chilena es que cada vez que un regidor pierde su reelección posterior, nos enteramos de déficits pronunciados en las arcas municipales. Así, tenemos los casos emblemáticos de Virginia Reginato en Viña del Mar (17.500 millones), Cathy Barriga en Maipú (34.000 millones), Felipe Guevara en Lo Barnechea (1.000 millones), Karen Rojo en Antofagasta, hasta el momento, la única condenada y prófugo, actualmente detenido en los Países Bajos en espera de extradición. Una vez más, un alcalde de RN, Rodolfo Carter, se encuentra actualmente bajo investigación de la Contraloría por licitaciones millonarias con balnearios y centros vacacionales.
Todos ellos se suman al último caso conocido de Raúl Torrealba en Vitacura, quien incluso recibió sobres con efectivo de su propia mano de parte de funcionarios municipales. El 50% de los municipios se encuentran en proceso de investigación de situaciones de posible corrupción.
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se suma como querellante en la investigación de la Fiscalía Centro Norte contra el ex alcalde de Vitacura, y parte de su antiguo círculo de confianza: Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y dos contadores que presuntamente emitieron facturas falsas, por malversación de caudales públicos y defraudación fiscal.
Según el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, “Torrealba creó estas instituciones legalmente constituidas en junta vecinal (organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales), que legalmente no rinden cuentas a nadie, compran lo que quieren y les permiten funcionar en secreto Por eso recién nos estamos enterando, escaparon a los mecanismos de control del aparato público”. Una de las cosas de estas figuras jurídicas es que todos los años los municipios les transfieren fondos. ¿Cuánto cuesta? “1500 y 2000 millones de pesos, con Torrealba rondaba los 15 mil millones”. “Pedimos esta información y dijeron que como se crearon antes, están fuera de la ley de transparencia. Llevamos más de un año trabajando en esto y han invertido en abogados y recursos porque algo se está tapando, son 5 mil millones cada año y no sabemos en qué se los gastan. Queremos saber quién está trabajando y a quién tiene contratado como empresa”. (…) “Estamos hablando de comunas de alto poder adquisitivo. En el tema de crear estos organismos “tipo consejos vecinales”, esto solo ocurre en Las Condes, Vitacura y Barnechea”.
Mucho se ha dicho sobre los “buenos administradores” que se considera a los políticos de derecha, asociados al mundo de los negocios y la empresa. Pero esta noticia ya no es noticia, será cuestión de esperar a unas nuevas elecciones municipales para enterarse de nuevos fraudes y maquinaciones para estafar al fisco y robarle dinero a todos los chilenos. También tenemos el sistema que tenían funcionarios de la comuna de Las Condes, quienes mediante el uso de papeletas “impropias” gastaron más de 60 millones de pesos en supuestas horas extras.
Los municipios son verdaderas “cajas de pago” del Estado. Grandes recursos que deberían destinarse a derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad, la vivienda o el trabajo son, de manera criminal, destinados a los bolsillos de sus administradores. Y eso es solo contar el dinero sustraído de manera irregular, porque si contamos los casos “regulares” de plazas y aceras que se construyen y reconstruyen cada tres años sin necesidad alguna, pero con vínculos sospechosos con sus dueños. Como diría el comediante Bombo Fica, “sospechosa la w…”.
La verdad es que no hay columna que aguante todos los ejemplos que tenemos. Por eso nos preguntamos; ¿Cómo podemos garantizar una gestión con principios de probidad?
Y aunque compleja, la única respuesta es el empoderamiento de los ciudadanos, la toma del control soberano del poder local por parte de los vecinos. En esta instancia, debe nacer el más cercano a la ciudadanía en la política, el gobierno local, la democracia real, y los municipios deben convertirse en la cabeza de los barrios organizados frente al Estado, y dejar de ser la cola del poder estatal.
Escritura colaborativa de Rubén Marcos Velásquez; Sandra Arriola Oporto; Jorge Ortíz Guerra; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Política
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