El gobierno de Chile rechazó un proyecto de mineral de hierro de 2.500 millones de dólares cerca de una reserva natural en el norte del país después de una década de disputas legales, por temor a que pusiera en peligro las especies locales.
Una comisión de ministros del gobierno votó el miércoles por unanimidad en contra del proyecto Dominga de Andes Iron, dijo la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en una conferencia de prensa, citando el «valor ecológico único» del área. Andes Iron, propiedad de las familias locales Delano y Garces, dijo que apelaría la decisión en los tribunales ambientales.
El proyecto Dominga es un punto crítico entre los intereses comerciales en Chile, un inversionista mundial querido y una potencia minera, y los activistas que advierten que causaría estragos en el medio ambiente local. Al detener el controvertido proyecto, el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric corre el riesgo de poner en peligro el clima de negocios en la principal industria de Chile en un momento en que se espera que la economía entre en recesión este año. Es poco probable que el fallo de hoy sea el final de la historia.
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«El proyecto Domingo no solo cumple, sino que supera todos los estándares, y está en línea con los principios establecidos por el gobierno para el desarrollo sostenible», dijo Andes Iron en un comunicado de prensa. “Confiamos en que al final del proceso prevalecerá la verdad y la justicia”.
La votación del miércoles no fue una sorpresa después de que el presidente Gabriel Boric criticara repetidamente la iniciativa en la campaña electoral de 2021, advirtiendo que destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes de América Latina.
El proyecto apunta a producir 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 de concentrado de cobre. Preveía la generación de 10.000 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 una vez en funcionamiento.
Dominga solicitó por primera vez la aprobación ambiental hace más de una década. Golpeó la popularidad del expresidente Sebastián Piñera luego de que se revelara que alguna vez tuvo una participación indirecta.
En 2017, un comité ministerial de la expresidenta Michelle Bachelet bloqueó el proyecto alegando una protección ambiental insuficiente. Luego de esa votación, renunciaron el ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés, y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Ese movimiento fue anulado más tarde por un tribunal local, argumentando que no siguió un proceso legal. El año pasado, la Corte Suprema declinó pronunciarse sobre el asunto y ordenó al comité de ministros realizar una segunda votación.
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