Texto Propuesto para Nueva Constitución Chilena Prevé Nacionalizaciones en la Industria Minera y Elimina la Red de Tratados Internacionales de Inversión de Chile

Las reformas constitucionales de Chile podrían tener implicaciones de largo alcance para la industria minera; los inversionistas en el país deben estar preparados para un cambio sísmico en las operaciones y los derechos de compensación.

El texto propuesto

La convención constitucional de Chile de 2021 está a cargo de redactar la nueva constitución de Chile y la industria minera está firmemente en la mira. Una medida que gana terreno es una propuesta de nacionalización generalizada de las empresas mineras que exploran o explotan los abundantes recursos minerales e hidrocarburos de Chile, con una compensación mínima.

  • El 1 de febrero de 2022, la Comisión de Medio Ambiente aprobó preliminarmente la propuesta de inclusión de reglas que obligan al Estado a cancelar concesiones y nacionalizar todos los activos de todas las empresas que exploran o explotan “activos estratégicos” -que incluirían cobre, litio e hidrocarburos en general- en el plazo de un año a partir de la adopción de la nueva constitución. La Comisión Ambiental ahora discutirá las enmiendas propuestas a las reglas y votará nuevamente sobre las reglas individuales a finales de este mes.
  • El texto actual establece que no habría compensación por la cancelación de derechos sobre minerales e hidrocarburos. La única compensación adeudada sería por el valor contable a 31 de diciembre de 2021 del resto de bienes expropiados, si bien habría una deducción por “[a]Del monto de la indemnización podrá deducirse la totalidad o parte de los ingresos excesivos que obtengan las sociedades nacionalizadas.” Las reglas no especifican cómo el Contralor General consideraría que los ingresos anteriores son «excesivos».
  • El pago se haría en un período que se determinará mediante decreto, que podría ser de hasta 30 años.
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Las reglas propuestas serán luego votadas por la Asamblea Constituyente en pleno y, posiblemente, más discutidas y adaptadas antes de ser presentadas, junto con el texto final de la nueva constitución, para su ratificación en un referéndum que se espera tenga lugar a fines de este año. Si las reglas propuestas superan todos estos obstáculos, llevaría al Estado chileno a nacionalizar algunos de los proyectos mineros de litio y cobre más grandes del mundo.

Es difícil predecir la adopción de estas reglas por parte de la Asamblea Constituyente en su totalidad tal como están redactadas actualmente, pero las propuestas son radicales y van mucho más allá de la campaña preelectoral del presidente Boric, donde propuso una reforma de las regalías mineras que instituiría una tasa progresiva basada en precios. La reforma propuesta dañaría severamente la competitividad de la industria minera de Chile, imponiendo una de las cargas fiscales más pesadas del mundo.

¿Qué significa para los inversores?

  • Los actores de la industria con inversiones debidamente estructuradas podrían beneficiarse de las protecciones del derecho internacional basadas en tratados.
  • Las medidas previstas por las reglas propuestas serían incompatibles con las obligaciones que Chile ha contraído típicamente en varios tratados de inversión y acuerdos internacionales de inversión.
  • Estos tratados y acuerdos generalmente requieren que cualquier nacionalización se lleve a cabo mediante el pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva, lo que normalmente se traducirá en una evaluación por parte del tribunal arbitral que determina la disputa sobre el valor justo de mercado de la propiedad nacionalizada justo antes de la nacionalización. .
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Otras propuestas

Una segunda iniciativa relacionada con los tratados de inversión también se debatió el 1 de febrero de 2022, lo que resultó en la aprobación de propuestas de gran alcance por parte de la misma comisión.

  • Dentro de los tres años siguientes a la promulgación de la nueva constitución, el Estado propondrá reformar o denunciar los tratados internacionales de los que Chile sea parte y que sean contrarios a la constitución.
  • La iniciativa también propone prohibir cualquier forma de resolución de disputas entre inversionistas y Chile que no sea a través del sistema judicial chileno (incluido el arbitraje), ya sea que esté contenido en un tratado o en cualquier otro instrumento.
  • Chile denunciaría el Convenio del CIADI después de la promulgación de la constitución, así como cualquier tratado de inversión “cuando haya llegado a su fecha de vencimiento”. Los tratados con Chile a menudo tienen un período inicial, digamos 10 años, después del cual pueden ser denunciados en cualquier momento con un período de notificación. Sin embargo, muchos tratados tienen lo que se conoce como una “cláusula de extinción” (por ejemplo, el tratado de inversión con Suiza), que establece que sus disposiciones de protección al inversor continúan aplicándose durante 20 años después de que el tratado haya sido denunciado, siempre que las inversiones se hayan realizado antes de que se haya dado el aviso oficial de denuncia (artículo 12).

Esta segunda iniciativa constitucional pasará por el mismo proceso que la primera y también será observada de cerca a nivel internacional.

«Los autores desean agradecer a Alexander Stonyer-Dubinovsky, pasante internacional en LALIVE, por su valiosa ayuda en la investigación relacionada con este artículo».

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