Chau fútbol por TV: La cadena norteamericana Turner-Fox se quedó con los derechos y ahora será un producto "premium"

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La Comisión de Ofertas de Derechos Audiovisuales de la Asociación del Fútbol Argentino notificó esta madrugada que en los términos de las "Pautas para la Presentación de Ofertas para la Comercialización de Derechos Audiovisuales" seleccionó a la sociedad de las empresas FSLA Holding L.L.C. (cadena Fox) y Turner Broadcasting System Latin America INC. para que dichos oferentes, durante un plazo de exclusividad de tres días hábiles, implementen y den cumplimiento a los compromisos asumidos en su propuesta.

 

De esta manera la sociedad norteamericana estadounidense Turner-Fox aventajó a las otras dos licitantes, la también estadounidense ESPN y la española Media Pro, y según los términos establecidos tendrá a su cargo los derechos audiovisuales del fútbol argentino por los próximos cinco años.

La tansmisión de los partidos pasará a formar parte de un paquete premium que deberá contratarse a las cableoperadoras. Se estima que su costo rondará los 300 pesos.

El de los derechos televisivos fue el último tema a tratar en la jornada de anoche en AFA, ya que hubo una demora porque ni los 1.200 millones de pesos de anticipo propuestos originalmente ni los 800.000.000 de la llave que se mencionaron posteriormente iban a estar disponibles en el corto plazo.

Además Turner-Fox anunció que al ser elegida lo primero que hará será levantar el juicio que TSC (Televisación Satelital Codificada), propiedad de Clarín, mantiene con AFA, ya que es su mandataria.

"Esta llegada de un nuevo actor en la televisación del fútbol es un paso adelante porque habrá mejoras económicas para los clubes", le indicó anoche el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, a Télam. La última palabra la tendrá ahora la jurisprudencia que se labrará al respecto y Turner-Fox tendrán tres días para dar cuenta de lo ofrecido.

De esta manera los derechos televisivos que ejercía Fútbol para Todos quedaron atrás luego de que se rescindiera el contrato por decisión del Estado casi tres años antes de su vencimiento, que iba a producirse el 1 de septiembre de 2019.

 

 
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