En una iniciativa piloto votarán en las Primarias internados en psiquiatricos e instituciones de salud mental
Sábado, 13 de Agosto de 2011 01:01

Más de diez organizaciones sociales, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado, organizaron la primera campaña piloto por el derecho al voto de las personas internadas en centros de salud mental, que se realizará el próximo domingo con las elecciones Primarias.

Esta iniciativa piloto promueve la implementación de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (26.571), que habilita a votar a las personas que se encuentran en centros de internación, excepto las declaradas insanas en juicio. Este grupo estaba excluido del padrón electoral hasta la mencionada reforma.

En ese sentido, el viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar, afirmó que "la campaña intenta avanzar en el diseño de un plan nacional que garantice el ejercicio del derecho al voto de las personas que se encuentran internadas en hospitales públicos, clínicas privadas, unidades psiquiátricas penales y comunidades terapéuticas, y revertir la histórica segregación de estas personas para consolidarlos como actores plenos de derechos políticos y sociales".

El funcionario remarcó además que "el Gobierno viene impulsando desde 2003 políticas de inclusión social para fortalecer las condiciones de igualdad de todos los argentinos".

La cartera de Salud señaló que, en los últimos años, se han producido importantes cambios normativos, entre los que se destaca la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), en 2010, y la 26.571, en 2009.

El director de la Colonia Montes de Oca, Jorge Rossetto, expresó que pacientes de esa institución, que no estén declarados insanos en juicio, "podrán votar el próximo domingo en las elecciones primarias y representará para ellos un hecho trascendental, ya que nunca ejercieron su derecho ciudadano al voto".

Antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, las sentencias de incapacidad dictadas por la justicia afectaban el ejercicio de los derechos políticos, y las personas usuarias de los servicios de salud mental no eran consideradas sujetos de derechos, por lo cual se les limitaba, entre otros, el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

 
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